Arzobispo
y general
El ascenso a General de Brigada del Arzobispo de San Salvador ha recordado a la opinión pública que éste, además de metropolitano de la capital, es obispo de los militares. Junto con él recibieron ascensos varios sacerdotes, médicos, músicos y bomberos que también prestan servicios profesionales en el ejército. Pero el ascenso más significativo, sin duda, es el del Arzobispo. Al tomar posesión de la sede de San Salvador, prometió que en breve abandonaría la diócesis militar, pero desde entonces no se pierde ningún acto oficial de la Fuerza Armada, a los cuales asiste con todas sus vestiduras episcopales y en los cuales se sienta entre las autoridades de la república y del ejército.
La ceremonia de ascenso fue privada, pero no deja de ser chocante que el obispo de San Salvador preste juramento militar ante el Ministro de Defensa. Según el contenido de dicho juramento, el Arzobispo es un funcionario público más. El Presidente de la República es su comandante y jefe y debe obediencia militar al Ministro de Defensa y al alto mando de la Fuerza Armada. Además, le dieron un bastón de mando, símbolo de la autoridad del general sobre su brigada; así como el nuncio apostólico le entregó el báculo en la catedral metropolitana, símbolo de responsabilidad pastoral sobre su grey. No sabemos si junto al anillo episcopal usará el militar y las charreteras. Tampoco sabemos como llamarlo, si monseñor o general. El Ministro de Defensa lo llama monseñor y general de brigada.
Es normal que los militares quieran tener sus propios capellanes, así como tienen sus centros comerciales y deportivos, su universidad, su hospital y su funeraria. Es menos claro qué tiene que ver la disciplina y el orden militar con el ministerio sacerdotal. ¿Será que con la misma puntualidad y meticulosidad con la que acuden a sus obligaciones militares cumplen con sus deberes para con Dios? ¿Por qué razón los militares no pueden acudir a sus respectivas parroquias para cumplir con sus devociones y obligaciones religiosas tal como lo hacemos todos los demás cristianos? Si el Estado concede fuero a los militares por los servicios que dicen prestar a la República, Dios sólo reconoce hijos e hijas, hermanos y hermanas. Para el Dios de Jesús no existen fueros ni privilegios de ninguna clase.
La Iglesia, por lo tanto, no debiera prestarse a conservarlos. En cuanto personas, los militares debieran acudir a sus parroquias y además debieran participar actividamente en la vida parroquial. En cuanto institución, la jerarquía eclesiástica debiera tratar a la Fuerza Armada con el mismo criterio con el que trata a las demás instituciones estatales. El tratado existente entre El Salvador y la Santa Sede bien puede ser revisado y debiera ser anulado, dados los tiempos que corren y sobre todo por fidelidad al evangelio de Jesucristo.
La Iglesia salvadoreña debiera recordar que el obispo castrense anterior, Mons. Joaquín Ramos, fue asesinado, que el crimen no ha sido debidamente investigado y que existen suficientes indicios que apuntan hacia los mismos militares. Mons. Rivera estaba convencido de la participación de miembros de la Fuerza Armada en el asesinato del religioso. De la misma manera, es conocida la cerrada defensa que el actual Arzobispo y ahora General de Brigada hace de la inocencia del ejército en este caso.
Ninguno de los argumentos esgrimidos para justificar el ascenso convence. Si los sacerdotes ascendidos en la jerarquía militar no tienen mando, ¿qué sentido tienen tales promociones militares? No son más que glorias y vanidades mundanas de las cuales la lglesia de Jesús debiera huir. Es cierto que los nuevos oficiales no tienen mando militar, pero sus cargos sí conllevan salarios cuantiosos y prestaciones muy generosas. ¿Cobran tales salarios y se benefician de las prestaciones el Arzobispo y los sacerdotes ascendidos? El Arzobispo llegó a la arquidiócesis de San Salvador con un chófer y guardaespaldas armado, enrolado en el ejército y, por lo tanto, pagado por éste, es decir, por los impuestos de la ciudadanía.
Esos salarios y esas prestaciones salen, en efecto, de los impuestos que pagamos los ciudadanos. Unos impuestos que resultan insuficientes para que el Estado atienda sus obligaciones sociales. Ante ello cabe preguntar si no sería más evangélico que el obispo y los capellanes militares renunciasen voluntariamente a tan jugosas probendas. Cabe preguntar también por qué un Estado que busca reducir sus gastos, que además se declara formalmente laico, tiene que pagar tanto a los capellanes de su ejército. Finalmente, si paga capellanes católicos, por qué no ofrece la misma oportunidad a los ministros de otras confesiones cristianas.
El carácter interino que pueda tener el ascenso militar del arzobispo de San Salvador no responde a estas graves cuestiones, porque el problema no es temporal, sino de principios evangélicos y de ética social. Además, cuando el próximo obispo castrense tome posesión de su cargo, el arzobispo y general de brigada pasará a retiro con una pensión y unas prestaciones cuantiosas, que también saldrán del abultado presupuesto de defensa.
Las capellanías militares son muy cuestionables. Más aún cuando se trata de ejércitos como el salvadoreño que todavía cargan sobre sí la vida de decenas de miles de personas torturadas, desaparecidas y asesinadas. Por lo general, esta clase de servicio religioso es prestado con discreción. Probablemente ningún prelado es al mismo tiempo obispo de la capital del Estado y del ejército, causando estupor y escándalo en el pueblo de Dios. Estas cosas sólo suceden en El Salvador, donde el mundo mágico latinoamericano se vive con una densidad especial. Menos mal que todavía hay capacidad para el asombro, el escándalo y la protesta.
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"
