Los
inmigrantes
Eduardo Rojo Torrecilla
1. Diferentes acontecimientos acaecidos durante el mes de enero en España referidos a la problemática de los inmigrantes en situación irregular, en especial por lo que respecta a su derecho a la asistencia sanitaria, me han llevado a considerar interesante efectuar una reflexión de alcance general, con especial atención a las cuestiones laborales, sobre la situación jurídica y social de este colectivo, al objeto de examinar cuál es la situación actual y las perspectivas de futuro en el terreno normativo, así como de abordar y examinar algunas propuestas presentadas por organizaciones sociales. Dejo para posteriores artículos el análisis que pretendía efectuar en este número sobre la negociación colectiva del año en curso.
2. Paso, pues, a continuación a referirme a un colectivo que tiene especiales dificultades en el mundo laboral, cual es el de los inmigrantes, en el bien entendido que su problemática no es sólo de índole laboral y que debe abordarse el conjunto de la misma desde una triple perspectiva señalada en diversos documentos comunitarios: establecimiento de medidas coordinadas entre los Estados comunitarios para canalizar la inmigración; ciertas medidas de seguridad que permitan mantener adecuadamente los niveles de inmigración; medidas para favorecer las políticas en favor de los inmigrantes legales, pero sin negar en modo alguno los derechos de los inmigrantes que se encuentren en situación irregular, dado que los derechos de la persona deben prevalecer en cualquier circunstancias sobre las condiciones administraciones en que se encuentre ésta en un país ajeno al de origen..
El fenómeno migratorio, como se ha subrayado desde documentos sindicales de la C. S. de CC.OO, es uno de los fenómenos más característicos encuadrable dentro del proceso de globalización de la economía y que en muchas ocasiones va meramente a remolque de la coyuntura económica y de los cambios o adaptación de criterios de las empresas, situación que provoca movimientos y trasvases de unos países a otros.
La realidad de la inmigración en España, numéricamente hablando, es reducida en comparación con la de otros países europeos, aún cuando se ha incrementado a un ritmo acelerado en los últimos años (a lo que hay que añadir los reagrupamientos familiares y la aparición de la segunda generación de migrantes), lo que ha comenzado a plantear ciertos problemas de equilibrio social en algunas poblaciones, agudizados si cabe por la existencia de una cultura pluriétnica que sí poseen otros países clásicos de la inmigración como son Francia o el Reino Unido.
Una vez finalizados los diversos procesos de regularización se estima que el porcentaje de población extranjera en España supera levemente el 1'5 % de la población total, y que los extracomunitarios se sitúan en la frontera del 1 %.
Según datos oficiales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, recogidos en el diario barcelonés La Vanguardia de 3 de julio de 1998, a 31 de diciembre de 1997 había en España 538.000 extranjeros en situación regular, de los cuales 320.000 eran comunitarios o familiares de éstos, y en cuanto a los extranjeros con permiso de trabajo el número era de 176.022, destacando los ciudadanos de Marruecos con un total de 67.744.
Compáresen estos datos con la cifra más elevada de otros países comunitarios y se podrá comprobar que todavía hay un amplio margen para el establecimiento de medidas adecuadas que permitan canalizar adecuadamente el número de inmigrantes que nuestra sociedad se encuentra cabalmente capacitada para recibir y que evite la generación de sentimientos racistas en una parte de la misma.
Tales sentimientos sí parecen existir en sectores de la población de otros países europeos, y concreto esta afirmación con un dato harto significativo:
En un reciente estudio realizado en seis países por la Fundación BBV (Francia, Italia, Reino Unido, Alemania, España y Estados Unidos) para conocer el "clima social" en la empresa, a partir de encuestas a los trabajadores de dichos países, se les ofreció una batería de diecisiete medidas posibles para reducir el desempleo y se les pidió que las evaluasen; pues bien, es muy preocupante que un 37 % de entrevistados en Alemania y un 24 % en Francia apuesten por "incentivar el regreso de los trabajadores emigrantes" como medida positiva para reducir el desempleo.
Dicho sea incidentalmente, entre las medidas enunciadas en la encuesta para abordar el problema del paro las cuatro más mencionadas son: desarrollar los empleos de asistencia domiciliaria de servicio a los particulares (44 %), mejorar la formación de los jóvenes (43 %), desarrollar el sistema de aprendizaje (35 %) y reducir las cargas sociales de las empresas (34 %). En España la primera fue mejorar la formación de los jóvenes (44 %), seguida por disminuir las cargas sociales de las empresas (39 %), bajar la edad de jubilación (38 %), promover las pre-jubilaciones (35 %) y desarrollar el sistema de aprendizaje (35 %).
Como dos conclusiones relevantes del estudios sus autores señalan que "en general cabe afirmar que suscitan escaso eco las medidas que se refieren a diferentes modalidades de reparto del trabajo" y que la situación de crisis en el empleo "provoca en términos generales unas actitudes conservadoras entre los asalariados con puesto de trabajo, que se hacen más fuerte cuanto mayor sea la tasa de paro de los respectivos países".
3. Las medidas a adoptar en España deben pasar por reformas de la normativa vigente en materia de extranjería que potencien la estabilidad, de residencia y laboral, de las personas que lleven un cierto tiempo residiendo en nuestro país, y que además protejan los derechos de los inmigrantes en los términos que proclaman los Tratados internacionales.
En un texto aprobado por el pleno del Congreso de los Diputados el 23 de junio de 1998, que recoge sin modificaciones el informe elaborado por una subcomisión de la Comisión de Política Social y de Empleo sobre esta problemática, se manifiesta de forma clara y contudente que los emigrantes "no pueden ser considerados solamente como mano de obra, sino como personas titulares de derechos, en especial al desarrollo personal y social, con respeto a su propia identidad cultural y a la igualdad de trato, eliminando toda forma de discriminación por motivos de nacionalidad o de raza, particularmente en los ámbitos de las condiciones laborales profesionales, educativas, cultural, de vivienda y sanidad" (pág. 19).
4. En esta línea avanzan a mi entender tres proposiciones de ley presentadas por los grupos parlamentarios catalán, de Izquierda Unida y el grupo mixto, cuya tramitación fue aceptada por el Pleno del Congreso de los Diputados, bien que las enmiendas y tesis del grupo popular están intentando vaciarlas de contenido. Ya en la votación de la aceptación de las propuestas el grupo popular sólo apoyo expresamente a la del grupo parlamentario catalán, mientras que se abstuvo en la votación de las otras dos, manifestando expresamente su portavoz que sólo la del grupo catalán "se plantea la integración como objetivo".
Tanto en la tercera como en la segunda se propugna garantizar la efectiva igualdad de derechos de los inmigrantes extranjeros que tienen vocación de permanencia en el país; En la del grupo mixto se afirma que la ley de extranjería de 1985 "ha favorecido la marginación de los inmigrantes que viven en el Estado español, al dificulatr su proceso de integración social y disminuir sus posibilidades". También la proposición de Izquierda Unida es muy crítica con la Ley de 1985, sosteniendo que ha existido una amplia contradicción entre los principios programáticos de su preámbulo y el contenido de los preceptos legales "que no son sino un conjunto de normas de policía".
En la primera, la inmigración se contempla no como un fenómeno temporal sino permanente, y de ahí que se articulen medidas que favorezcan la integración, dando reconocimiento, según dispone su exposición de motivos, a "una serie de derechos que los equipare a los españoles, otorgándoles de este modo una igualdad de oportunidades que les permita su efectiva y real integración, y asegure, asímismo, una convivencia basada en los valores de la igualdad, la tolerancia, la justicia y la libertad"; el avance más significativo a mi entender sería el reconocimiento de una serie derechos al margen de la situación administrativa del extranjero (regular o irregular), " en cuanto que derechos inherentes a la propia condición de persona".
También en el documento sindical de CC.OO. antes citado se defiende la modificación de la normativa vigente por considerar que ha limitado los derechos de los inmigrantes y que ha abordado el fenómeno de la inmigración desde una doble perspectiva equivocada, la de su consideración como un fenómeno transitorio y la de su seguimiento y control como una cuestión de orden público, pidiendo concretamente que se garantice legalmente en el ámbito laboral "la progresiva eliminación de claúsulas de preferencia para el acceso al primer empleo y la restricción de sectores y actividades profesionales que pueden incorporar (a los inmigrantes), con las consecuencias de la segmentación del mercado laboral por el origen de las personas". CC.OO propugna igualmente que en el ámbito de la Unión Europea se garantice legalmente el ejercicio de la libre circulación y el acceso a los derechos sociales para todas las personas residentes en el territorio de la Unión Europea.
5. Formulo ahora una importante, consideración respecto a la política de inmigración. En el ámbito legal la Constitución atribuye competencia exclusiva al Estado, pero no es menos cierto que la problemática de la inmigración extracomunitaria no se agota en la concesión de permisos de residencia y de trabajo, sino que requiere también de una actuación decidida por parte de las Administraciones autonómicas y locales en ámbitos competenciales propios o compartidos, tales como la vivienda, seguridad e higiene, cumplimiento de la normativa laboral, etc.
Se impone en consecuencia una actuación coordinada de todas las Administraciones que, al mismo tiempo que garantiza el eficaz cumplimiento de la normativa vigente, asegura una eficaz utilización de todos los recursos económicos y humanos de los que disponen las mismas.
A tal efecto, la proposición presentada por el grupo parlamentario catalán dispone la creación de un Consejo en el que estén presentes todas las Administraciones implicadas, "el cual deberá establecer una política global y la correspondiente coordinación de las medidas adoptadas en materia de inmigración".
6. Asímismo, hay que subrayar que las organizaciones no gubernamentales también han de jugar un papel relevante en la elaboración, conformación y desarrollo de políticas adecuadas para los inmigrantes. Todo ello, desde la perspectiva de que el diálogo permanente entre todas las personas, con independencia del país de orígen, ha de ser el punto de partida de la vertebración de una sociedad cohesionada y que dé respuestas a los numerosos problemas existentes.
*Artículo publicado en NOTICIAS OBRERAS nº1236, marzo 1999
