LA NUEVA

ALEMANIA DE

GERARD SCHRÖDER.

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Después de 16 años Helmut Khol ha debido ceder el puesto de canciller de la Republica Federal Alemana al socialdemócrata Gerard Schröder. Los resultados electorales del 28 de septiembre han dado la mayoría al SPD con un 40’9 % de los votos y un total de 298 escaños en el Bundestag. Su coalición con los verdes, que han obtenido el 6’7 % y 47 escaños, formalizada el 20 de octubre y con vocación de durar toda legislatura, permitirá que el nuevo gobierno disponga de mayoría absoluta en la Cámara, sin olvidar que también podría contar si las circunstancias lo requirieran con el apoyo del Partido Democrático Socialista (PDS, antiguos comunistas) que ha obtenido el 5’1 % de los votos y 36 escaños. El incremento de las fuerzas políticas socialdemócratas, verdes y ex-comunistas va parejo con el descenso electoral de la coalición gubermanental CDU-CSU y FDP, de forma que los demócrata-cristianos se quedan en el 35’1 % y 245 escaños, a los que habría que añadir los 43 del FDP que se corresponden con el 6’2 % de los votos.

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El programa electoral social-demócrata fue calificado de prudente por la mayor parte de analistas políticos, es decir que en modo alguno suponía un cambio radical con el marco económico y social ya existente, y de hecho uno de los slogams de campaña era harto significativo: "nosotros no vamos a cambiarlo todo, nosotros vamos a hacerlo mucho mejor". El rótulo de dicha campaña y que ha acompañado al candidato durante toda ella, "trabajo, innovación justicia social", llevaba tras de sí una mezcla de política económica y social basada en la intervención pública, junto con un apoyo al mundo empresarial y trabajador para apoyarles en la creación de empleo, una de las cuestiones que estuvo siempreen el centro de la campaña electoral. El SPD prometía en su programa una reforma fiscal que incrementaría las rentas de la unidad familiar, en una media de 2500 marcos anuales para una familia con dos hijos, así como una rebaja de los tipos marginales del impuesto sobre la renta de las personas físicas y un control o restricción mucho mayor de las diferentes desgravaciones fiscales existentes. En el ámbito más social, la propuesta electoral no se pronunciaba sobre la reducción de la jornada de trabajo, dejando este punto al acuerdo entre fuerzas empresariales y sindicales en la lógica de la concertación social existente desde la segunda guerra mundial, y planteaba la derogación de algunas medidas restrictivas impulsadas por el gobierno anterior en el ámbito de la protección social, en especial en las cuantías de las pensiones y de la prestación por enfermedad que habían sido reducida por debajo del 100 % del último salario percibido. También se planteaba modificar nuevamente la ley de protección del empleo para que en todos los centros de trabajo de cinco o más asalariados (y no diez) se pudiera accionar contra el despido ante los tribunales laborales. En uno de los aspectos que más preocupan al electorado alemán, el SPD proponía el abandono del uso de la energía nuclear si bien en estrecha concertación con la industria de dicho sector, con un plazo indeterminado para el cierre y desmantelamiento de todas las instalaciones. Por último, el programa apostaba por una Europa más social y ecológica, con actuaciones coordinadas en el ámbito de las políticas fiscales y una apuesta más decidida que hasta ahora en la lucha contra el desempleo, si bien no dejaba de recordar que eras necesaria una reforma de los criterios de contribución económica de cada Estado a la UE, algo que afectaría sin duda a los fondos estructurales y de cohesión así como a la financiación de la política agrícola.

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Por su parte, los demócrata-cristianos y sus socios liberales apostaban por el reforzamiento de lo ya realizado y el seguimiento de las medidas adoptadas con anterioridad. "La clase internacional para Alemania" era un slogam que llevaba tras de sí la imagen de un país que goza de un peso relevante en todo el mundo y muy especialmente en Europa, y que fue el impulsor de la unión monetaria. Al igual que el programa social-demócrata, pero con menos acento en el intervencionismo público y más en el de las políticas de oferta, la CDU planteaba una reducción de la presión fiscal que se repartiría proporcionalmente entre las empresas y las unidades familiares. Quizás en los dos puntos donde existía clara discrepancia con sus oponentes políticos fueran el de política migratoria y el de la política europea, de forma que en el primero rechazaban cambios en la normativa legal sobre reconocimiento de la nacionalidad alemana, basada hoy en el ius sanguini y no en el ius soli, y en política europea defendían la independencia del banco central europeo y, por consiguiente, rechazaban toda posibilidad de gobierno económico europeo que pudiera hacer de contrapeso, si fuere necesario, de las decisiones adoptadas por el Banco Central.

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La victoria electoral social-demócrata del 28 de septiembre, unida al cambio político en Italia y el nombramiento histórico como primer ministro de un ex-comunista, supone que la mayor parte de países que integran la Unión Europea están gobernados por fuerzas políticas socialistas y social-demócratas y que ello debe permitir un impulso más firme y decidido de la política social europea, sin que sea incompatible con los criterios que inspiraron las líneas maestras del Tratado de Maastricht, pues basta sólo efectuar una lectura mucho más flexible de su contenido, y así se ha demostrado en la primera reunión de jefes de Estado y de gobierno celebrada en Austria a finales del pasado mes de octubre, aún cuando el presidente español haya querido llevar el agua a su molino afirmando que las tesis que ahora se defienden en política económica son las que él ya había planteado con anterioridad. Coincido con la tesis defendida en un artículo publicado el 29 de septiembre en el prestigioso diario francés Le Monde, en donde se afirmaba que "la victoria de Gerard Schröder es percibida en las capitales europeas, donde la izquierda hoy es mayoritaria, como la confirmación del deseo del electorado de ver a sus gobiernos llevar una política más activa, incluído el ámbito europeo, para defender el modelo social europeo frente a los peligros de la globalización", al mismo tiempo que implicaría un cierto rechazo a las políticas neoliberales practicadas en las dos últimas décadas, políticas que en el terreno social han provocado un incremento de las desigualdades sociales y de la exclusión de una parte no desdeñable de la población. En su declaración post-electoral para agradecer a sus votantes la victoria alcanzada, G. Shröder defendía su programa electoral y recordaba que no habría ninguna revolución sino una política de reformas que mejorarán el nivel de vida de todos los alemanes, tanto del este como del oeste, y de todas las personas que vivan en territorio alemán aunque no tengan dicha nacionalidad, con una apuesta especial por políticas de lucha contra el desempleo y con la estrecha implicación de todas las fuerzas políticas y sociales a fin de elaborar en un plazo lo más breve posible un pacto o alianza en favor del empleo y de la educación. Quizás las dos expresiones utilizadas en esta declaración que más pueden dejar entrever el talante del nuevo primer ministro aleman sean sus referencias de una parte al triunfante "nuevo centro", en un intento de situarse por encima de las corrientes de su partido y sin dejar de lado ninguna de ellas aún cuando no dejara de subrayar que la victoria socialdemocrata hubiera sido imposible sin la ayuda de su amigo Oskar Lafontaine, y de otra a que los electoress, al igual que subrayaba Toni Blair en las elecciones británicas del pasado año, "han elegido un cambio de generación". Obsérvese, dicho sea incidentalmente y por lo que pudiera afectar a futuras elecciones en nuestro país, que las llamadas al cambio van acompañadas en numerosas ocasiones, y mucho más cuando el primer ministro tienen un edad avanzada y ocupa desde hace muchos años el cargo, del relevo generacional como segura pócima mágica que solucionará todos los problemas. Quizás, creo yo, convendría poner el acento en los programas y en su aplicación, y no en la edad de las personas.

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El acuerdo de legislatura suscrito entre el SPD y los verdes el 20 de octubre, continuación de acuerdos ya alcanzados en algunos Länders con anterioridad, demuestra a mi entender la voluntad de ambas fuerzas políticas de iniciar un nuevo rumbo político que implique modificaciones de alcance en el futuro a medio plazo, pues es bien sabido que en todo pacto hay cesión o compromiso por parte de ambas fuerzas negociadoras y más, sin duda, por aquella que tiene menor fuerza o peso electoral como son en este caso los verdes, y lleva por título una expresión harto significativa de lo que pretende que sea: "un nuevo impulso, Alemania en marcha hacia el Siglo XXI". Pero dicho ésto, no puede negarse que la entrada de varios políticos verdes en el nuevo gobierno, con el ejemplo paradigmático del nuevo titular de asuntos exteriores, Joschka Fisher, demuestra que algo ha cambiado, y más cuando se lee con detenimiento el acuerdo de legislatura y se observan las manifestaciones, pendientes de concreción legislativa en el futuro inmediato, sobre el abandono de la energía nuclear, el reconocimiento de la nacionalidad alemana de forma muchísimo más generosa que hasta ahora, con el cambio del derecho de sangre al del derecho por razón del lugar de nacimiento, o el reconocmiento de derechos a las parejas homosexuales en una línea parecida a la que se éstá debatiendo en la actualidad en Francia y que ya existe, por cierto, en el ámbito español en la Comunidad Autónoma de Cataluña. En el camino, los verdes habrán dejado momentáneamente arrinconadas varias de sus propuestas más significativas, cuales eran la reforma del derecho de asilo, la prohibición de las escuchas policiales a domicilio, la limitación de velocidad en las autopistas o la legalización del consumo de cánnabis. Los contenidos más relevantes del acuerdo SPD-verdes y que deben guiar los cuatros años de la próxima legislatura en el terreno social son los siguientes:

A) La apuesta firme y decidida de luchar contra el desempleo, con especial atención a la problemática de los jóvenes, a la de las mujeres para posibilitar el acceso igual que los hombres a la vida activa laboral, y a la de los territorios de la antigua República Democrática Alemana especialmente castigados por los procesos de reestructuraciones y reconversiones industriales producidos durante la primera mitad de esta década, desde la convicción de que una política de empleo que vaya en esta línea debe ser compatible con una economía competitiva y con un fuerte componente ecológico (aspecto este último al que se hace referencia en más de una ocasión en el acuerdo y que demuestra la influencia de los verdes). De tal forma, se afirma que "el empleo y la protección del medio ambiente van unidos; son inseparables". Tal política debe ir acompañada de otra de carácter fiscal que permita obtener recursos necesarios, sin crear nuevas obligaciones económicas para las generaciones futuras, para financiar los gastos necesarios y las inversiones en sectores de futuro, asumiendo que las decisiones a adoptar lo serán de forma gradual y en función de las disponibilidades presupuestarias. En tal sentido, el documento apuesta por "una reducción de las cargas salariales para lograr una reforma fiscal ecológica", disminuyendo los costes salariales indirectos, incrementando los impuestos sobre los carburantes y potenciando económicamente el desarrollo de las energías renovables; una política fiscal, en suma, que no ha sido acogida con especial agrado por parte de los sectores económicos "ortodoxos", por las empresas e incluso por sectores del propio partido. Y todo ello unido con la apuesta por el abandono gradual y paulatino de la energia nuclear a medio plazo, si bien con el compromiso expreso de que "en el curso de esta legislatura el abandono de la energía nuclear será regulado por ley de manera global e irreversible". En los documentos preparados para la elaboración del acuerdo se calcula la reducción de las cargas sociales sobre los salarios desde el 42’3 % actual al 39’9 % el año 2.002. Su apuesta por una política de lucha contra el desempleo en el ámbito nacional se acompaña de otra por poner en el centro de la política europea ese mismo empeño y lograr un pacto europeo por el empleo, pacto que debería implicar "la coordinación europea de la política europea, financiera y social", con un mayor peso de los políticos y menos de los técnicos.

B) La apuesta por el logro de un gran pacto nacional por el empleo y la educación que permita reducir el desempleo juvenil y asegurar un empleo a todos los jóvenes que posibilite su integración en el mundo laboral, les garantice una cualificación profesional y que preste especial atención a los que tienen más dificultades. Como medida de choque, el nuevo gobierno, por medio de las oficinas de empleo, va a ofertar 100.000 empleos o plazas de aprendizaje para los jóvenes desempleados en los próximos meses; un desempleo no se olvide que sólo es del 10 %, y digo sólo por comparación al cerca del 35 % existente en España.

C) Propuesta de una organización más flexible y eficaz del tiempo de trabajo. Renunciando a una imposición legal de su reducción, a diferencia de las medidas francesas y de las que se están debatiendo en Italia, el documento apuesta por una potenciación selectiva del trabajo a tiempo parcial, una reducción significativa de las horas extraordinarias y la adopción de medidas que permitan real y eficazmente compatibilizar las tareas y responsabilidades del hogar familiar y del trabajo remunerado. Asímismo, se propone una "gran reforma" del sistema público de pensiones en 1999 y que debería llevar a garantizar un nivel de vida aceptable para los pensionistas y la estabilización del nivel de cotizaciones, y en el mientras tanto y tal como se indicaba en el programa electoral del SPD "la primera medida será la de suspender la reducción del montante económico de las pensiones decidida por el anterior gobierno".

D) Un cambio radical es sin duda el que se propone en la política de inmigración, y muy en especial los cambios que se efectuarán en la ley de 1913 que regula la adquisición de la nacionalidad alemana. Se calcula que las modificaciones pueden posibilitar la adquisición de la nacionalidad alemana a cerca de cuatro millones de extranjeros sobre un total de siete millones trescientos mil que legalmente residen en la actualidad en Alemania, con especial significado para la población turca ya que podría afectar a cerca de dos millones. Las dos modificaciones más relevantes propuestas son las siguientes: de una parte, los hijos nacidos en territorio alemán de padres extranjeros adquirirán la nacionalidad alemana si uno de los padres ha nacido en Alemania o ha inmigrado a este país antes de haber cumplido los catorce años y siempre que disponga del permiso de residencia; de otra parte, tendrán derecho a la adquisición de la nacionalidad, sin renunciar a la suya de origen, los extranjeros que residan legalmente en Alemania desde hace más de ocho años, y quienes estén casados con un alemán y con vida en común como mínimo desde hace dos años, después de una estancia legal de tres años en Alemania. El nuevo gobierno se propone, a fin de ayudar a la integración, posibilitar el ejercicio del derecho al voto en las elecciones locales y municipales a los extranjeros que no sean nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea.

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Septiembre del 2002 está aún muy lejos y por consiguiente no puede hacerse ahora ninguna valoración de los resultados posibles. Pero sí se puede defender ya que las medidas propuestas son de talante reformista y van en la línea de humanizar más la economia social de mercado y poner en el centro del debate político y social buena parte de las preocupaciones de la mayor parte de la ciudadanía alemana como son el empleo, la ecología, la inmigración o la seguridad. Tiempo habrá, estoy seguro, para ir analizando las propuestas y concreciones específicas, así como sus resultados, de las medidas planteadas en el acuerdo de legislatura.

Eduardo Rojo Torrecilla.
8 de noviembre de 1998.

Publicado en NOTICIAS OBRERAS, n.1229, 1.12.98