NUEVE RASGOS
RELEVANTES
DEL EMPLEO
EN EUROPA.
El análisis de los rasgos más relevantes del mercado de trabajo de los países que componen la UE, o más concretamente el de algunos de los aspectos que más centran la atención en estos momentos en todo debate sobre el empleo en sede comunitaria, debe partir del conocimiento de la distribución de la población activa en este ámbito territorial. Los datos más significativos suministrado por Eurostat son los siguientes: en 1997 había 168 millones de personas comprendidas entre 15 y 64 años que trabajaban o buscaban activamente trabajo, con una tasa de actividad del 67’5 %; 150 millones estaban empleadas, con una tasa de empleo del 60 % (que va desde el 48 % de España hasta el 75 %) de Dinamarca. El 65’1 % de las personas ocupadas se encuentran en el sector servicios, mientras que el 29’8 % se concentra en la industria y la construcción, y el restante 5’1 % en el sector primario. El pequeño comercio es, en términos de empleo, la principal actividad de todos los países de la UE, a excepción del Reino Unido que tiene en cabeza los servicios que se prestan a empresas. Ahora bien, un dato importante que demuestra la importancia real del sector industrial es que en 1996 la industria no representaba más del 45’7 % de las personas que trabajan en el sector servicios, y sin embargo en términos de horas trabajadas significaba el 50’5 %, debido ello a la importancia del empleo a tiempo parcial en el sector servicios.
En primer lugar, cabe destacar la importancia de potenciar las políticas activas de mercado de trabajo, básicamente las de formación y orientación hacia los desempleados de larga duración, dedicando la mayor de los recursos públicos a poner en marcha políticas que tiendan a vincular estrechamente la percepción de una prestación económica con una actividad formativa o la prestación de un trabajo de utilidad social, y reduciendo el peso de las cantidades destinadas exclusivamente a cubrir la situación de desempleo; en términos positivos, esta política apuesta por la empleabilidad y la capacidad de adaptación de la población desempleada, y también de la que sufre riesgo de serlo, para reducir los índices de desempleo; pero desde una visión no tan bonita o idílica se puede y debe criticar que en ocasiones las medidas dirigidas a los desempleados no sean tanto una via para posibilitar su reincorporación al mercado de trabajo sino un elemento de control social ante una creciente demanda por buena parte de la sociedad de una "más eficaz" asignación de los recursos públicos, sin que existan reales posibilidades de retornar al mercado de trabajo, y de ahí que en un importante estudio realizado por las Iglesias inglesa e irlandesa se argumente que, sin cuestionar la necesidad de abordar medidas que tiendan a la reducción del desempleo, "las ayudas que se ofrecen son a menudo vistas por los desempleados como una medida de presión que dirige la sociedad contra ellos, para buscar empleos que no existen o para luchar por empleos que no tienen posibilidad alguna de alcanzar". También deberá intentarse que las medidas dirigidas a facilitar el acceso al empleo de los desempleados les permitan reincorporarse al mercado regular y no acabar siendo un círculo cerrado, un compartimento estanco, del que no pueden salir dichos desempleados y acaben convirtiéndose en permanentes.
En segundo término debe mencionarse el impacto de los cambios demográficos. Mientras que a escala mundial sigue creciendo el número de habitantes del planeta, en los países desarrollados, y dentro de ellos el conjunto que forman la Europa comunitaria, sigue produciéndose una caída de la natalidad y una correlativa disminución del porcentaje que su población supone sobre el total mundial. Dato significativo es que al iniciarse 1998 sólo el 6’4 % de los alrededor de 5.886.800 millones de personas que componen la población mundial, habitaba en la UE, y que su crecimiento desde 1996 a 1997 se ha producido no tanto por el incremento natural de la población (39 %) sino principalmente por el aumento de las migraciones (61 %). En esta realidad europea cada vez habrá mayor número de ciudadanos que requerirán prestaciones de los sistemas públicos de protección social por haber alcanzado la edad legal o pactada de jubilación. Datos aportado por la Comisión Europea subrayan los cambios que se producirán en el mercado laboral en los próximos años, y que cualquier política de empleo deberá tomar en consideración, por el descenso de la población joven y el incremento de la población madura y de la tercera edad laboral: entre 1995 y 2025 el número de jóvenes menores de 20 años disminuirá en nueve millones y medio, un 11 % respecto del número actual; el grupo de 20 a 59 años disminuirá en más de 13 millones, un 6’4 % respecto a la situación actual, mientras que los adultos de más de 60 años aumentarán en más de 37 millones, es decir en más de un 50 % con relación a la realidad actual, debido al acceso de los baby-boomers de los años 50 y 60 a la edad de jubilación.
En tercer lugar, alcanza un auge importante la defensa de la creación de empleo por medio de las iniciativas locales y no por medio de grandes acciones a escala nacional y europea, promoviéndose un papel activo de las Administraciones Locales que pongan en marcha políticas de partenariado de todos los agentes sociales que puedan y deban implicarse en la elaboración de las políticas de empleo, habiéndose afirmado de forma clara y contundente por el propio comisario Flynn que desde el ámbito europeo y los estatales deben apoyarse activamente estas iniciativas. En los numeroso debates habidos en foros internacionales sobre esta cuestión se subraya cada vez con más fuerza la importancia de la descentralización de las políticas ligadas al mercado de trabajo y la necesidad del correlativo incremento de los poderes locales para actuar en este ámbito y se enfatiza la necesidad de una política que se funde sobre el principio del partenariado. El acercamiento a los problemas reales, y por consiguiente también a muchas de las soluciones que puedan adoptarse para resolverlos, además de la constatación de que cada vez existen mayores diferencias en las situaciones de empleo, actividad y desempleo de los diferentes territorios, hace que las gestión local de las politicas de empleo deba ser impulsada, en la medida en que constituye "un espacio de movilización y de intervención de los actores públicos (colectividades locales) y privados (agentes sociales, empresas, asociaciones voluntarias o grupos comunitarios) cooperando en el seno de partenariados". También es cierto que, si bien es conveniente que exista ese marco jurídico que lo facilite, la realidad europea nos ha desmostrado hasta ahora que la descentralización de las estructuras gubernamentales de política de empleo "no ha sido una condición necesaria para poner en marcha una gestión eficaz y activa de dicha política", ya que si bien algunas medidas descentralizadoras han estimulado la actuación de los gobiernos y agentes sociales a escala local, "la mayor parte de ellas han sido iniciadas por los actores locales y sin la ayuda de los poderes institucionales establecidos".
En cuarto lugar, debe señalarse que el crecimiento del empleo en la UE se ha producido desde 1992 de forma casi exclusiva por la via del crecimiento del empleo a tiempo parcial y que el sustancial incremento de la tasa de empleo femenina desde 1975 a 1996 (pasa del 43’6 al 50’2 %) se debe a este factor, ya que si se toma en consideración la tasa de empleo femenina calculada en tiempo o jornada completa se comprueba que esta ha permanecido inalterable desde 1991. En la actualidad el empleo a tiempo parcial afecta a un 17 % de las personas ocupadas, un 80 % de las cuales son trabajadoras, y mientras que el promedio de horas trabajadas semanalmente es de 40’4 para los trabajadores a tiempo completo, baja hasta las 19’7 horas para los trabajadores a tiempo parcial. El incremento del trabajo a tiempo parcial va de la mano con la disminución del número de trabajadores que poseen un empleo indefinido y a jornada completa en el ámbito de la Unión, que se centra fundamentalmente en los varones mayores de 30 años y que tienen una cualificación media o superior.
En quinto lugar, el debate sobre la necesidad de invertir la tendencia actualmente existente de abandono del mercado de trabajo por parte de los hombres a una edad cada vez más temprana adquiere cada vez más relevancia ante las expectativas de un incremento de los años de vida, pero ello requiere tanto adoptar medidas en sede legislativa que desincentiven dicho abandono como cambiar actitudes reticentes empresariales a contratar, o simplemente a mantener en plantilla, trabajadores de edad avanzada. Repárese con carácter general en que la tasa de empleo masculina ha descendido entre 1975 y 1996 desde 85’7 % al 70’4 % y que más de un millón de trabajadores mayores de 50 años han abandonado la población activa entre 1990 y 1995, produciéndose la situación claramente contradictoria de que muchos individuos viven cada vez un mayor número de años mientras que cada vez se retiran antes de la vida activa laboral.
En sexto lugar hay que apuntar la existencia de un amplio debate, que ya en su momento lanzó a escala internacional la OIT, sobre cómo combinar adecuadamente la flexibilidad y la seguridad laboral, muy centrado el debate en el seno de la UE en el ámbito de la utilización de las modalidades contractuales de duración determinadas o atípicas, que suponen en la actualidad alrededor del 12 % de la contratación, predicándose la necesidad de conseguir que el trabajador mejore permanentemente sus cualificaciones profesionales para poder así mantenerse en el mercado de trabajo y no simplemente en el mismo empleo, al tiempo que se evita la utilización artificial de las contrataciones atípicas y se garantiza una protección social adecuada a los trabajadores que presten sus servicios bajo alguna de las situaciones, cada vez más frecuentes, diferentes del empleo a tiempo indefinido y a jornada completa.
En séptimo lugar, las cifras sobre el desempleo siguen moviendo a preocupación, ya que este afecta a cerca de 18 millones de personas, alrededor del 10’8 % según datos de 1997; afinando más se comprueba que el 49 % buscaba empleo desde hace más de doce meses, que el 47 % de los desempleados no habían finalizado sus estudios de educación secundaria (en España un 64’8%) y que el 21 % buscaba su primer empleo. Es motivo de especial preocupación la tasa de desempleo juvenil de los jóvenes activos europeos (entre 15 y 24 años) que se sitúa en un porcentaje cercano al 21 %, preocupación que obviamente debe ser superior en España donde el pocentaje se incrementa en trece puntos. Una de las medidas que más se utilizan para facilitar el acceso de los jóvenes al mundo laboral son las subvenciones a los empresarios que los contraten, si bien para que surtan los resultados deseados deberían ir dirigidas a los coelctivos más desfavorecidos (quienes terminan la escolaridad con calificaciones insuficientes, quienes residen en zonas de elevado desempleo, los discapacitados,...) y tratar así de evitar que se beneficien de ellas sectores juveniles que en cualquier caso hubieran podido acceder al mercado laboral.
En octavo lugar, es motivo de preocupación en sede comunitaria el lograr una adecuada incentivación de las políticas tendentes a garantizar la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres en línea de avanzar hacia un nuevo modelo de reparto de las responsabilidades laborales y familiares, que al tiempo que incrementa la tasa de empleo ha de servir para generar nuevos empleos y ocupaciones en ámbitos anteriormente vinculados al denominado "trabajo familiar". Ese reparto debería producirse básicamente en el número de personas de cada sexo que trabaja a tiempo parcial, pues tal como he indicado anteriormente más del 80 % son mujeres, así como una redistribución del tiempo de trabajo que implicara un incremento del femenino y una disminución del masculino. Un reciente informe de la Comisión Europea subraya que si bien se ha producido en los últimos años un incremento del empleo femenino, el crecimiento en el empleo no ha ido paralelo a un crecimiento del volumen del tiempo de trabajo, es decir de la aportación de trabajo.
Por último, y no por ello menos importante, debe constatarse la preocupación comunitaria por el incremento de la nuevas formas de pobreza y exclusión social en el seno de la UE, situación que ha llevado muy recientemente al Comité Económico y Social a lanzar "un grito de alarma" ante una situación en que la pobreza se extiende y agrava, y en donde el número de personas pobres en los países de la UE podría situarse en torno a los 59 o 39’5 millones según el método de cálculo (por referencia al 50 % de la media o mediana de la renta nacional). El CES afirma que el desempleo tiene un impacto especialmente fuerte entre los factores de pobreza, si bien se subraya igualmente que no siempre es la causa original y que "no todos los parados son pobres, al tiempo que hay pobres – y cada vez son más numerosos – entre las personas que tienen empleos poco o nada cualificados, y por tanto con ingresos escasos y a menudo precarios". Afirmación que se confirma empíricamente con los datos facilitados por un estudio de Eurostat sobre las rentas de los hogares de los países de la UE en 1993, y en el que se pone de manifiesto que la realización de una actividad profesional, ya sea por cuenta propia o ajena, no impide en muchas ocasiones que rentas derivadas del trabajo sean escasas en bastantes hogares, afirmándose que "cerca de un 53 % de los ciudadanos de la UE que perciben una renta escasa viven en hogares que tienen una cierta actividad profesional.Según los países, de uno a dos tercios de la población de renta escasa forma parte de hogares en que uno o varios miembros ejercen una actividad asalariada o independiente durante al menos un año".
Pero, aún y con todos su defectos sociales que acabo de apuntar, y con ello termino, creo que la sociedad europea está más cohesionada socialmente que aquella que en muchas ocasiones se nos suele poner como modelo ideal de referencia, cual es la americana. Porque me parece difícil aceptar que pueda defenderse la bondad de un sistema en que el 5 % más rico dispone del 22 % de la riqueza nacional y el 20 % más pobre sólo el 4 %, siendo este patrón de distribución "uno de los más injustos del mundo, más propio de un país subdesarrollado que de una economía industrial avanzada y de un país que se enorgullece de la fortaleza de su democracia"; así como también es díficil de aceptar en sede europea, al menos si se apuesta por los valores que ayudaron a conformar el Estado del Bienestar, que el índice de encarcelamiento, 654 detenidos por cada 100.000 habitantes, sea entre seís y diez veces superior al de los países de la UE, o que el incremento del gasto público en el sector penal fuera tan relevante entre 1979 y 1990 que el número de empleados en las penitenciarías pasara de 264.000 a 347.000.
Eduardo Rojo Torrecilla.
5 de octubre de 1998.
