“DEMOCRACIAS
AUTORITARIAS”?
UN
PELIGROSO ESCORAMIENTO
Por Dolors Oller i Sala
Porf. Dret Constitucional A.O.
Del Equipo de Cristianisme i Justícia
Artículo publicado en Iglesia Viva
La caída del muro de Berlín en 1989 dio paso a
planteamientos como el del “fin de la historia” de Fukuyama, pero también, por parte de otros sectores y
gracias a la conciencia de interdependencia
que viene favorecida por la globalización, a la esperanza de poder por
fin dar forma a la fraternidad, el
olvidado tercer componente del
lema de la Revolución francesa. Transcurrida una docena de años, nos
encontramos con que la libertad y la igualdad –los otros dos componentes del lema
revolucionario- se hallan en franco y
preocupante retroceso debido a la obsesión por la seguridad amenazada
que vive nuestro planeta desde los atentados del 11 de septiembre del 2001.
Lucha contra el terrorismo y Derechos Humanos
Desde estos trágicos sucesos se
ha utilizado sistemáticamente la amenaza terrorista para violar Derechos
fundamentales y libertades básicas por parte de muchos gobiernos, con
el agravante de que buena parte de ellos lo son de países con democracias consolidadas que
se presentan como adalides de los Derechos Humanos. Ello ha sido denunciado
por el último informe de Amnistía Internacional sobre Derechos Humanos
titulado “Ahora que es la hora de saber”, hecho público hace tan sólo
unas semanas, que pone de manifiesto cómo la
salud democrática de nuestras sociedades se está viendo amenazada por las
instancias que precisamente tienen el deber de garantizarla.
Esta deriva
hacia estados cada vez más policiales y autoritarios parte de una dicotomía
falsa, la contraposición entre seguridad y Derechos Humanos, y de ver a éstos
como obstáculos para lograr aquella. Ello encuentra su justificación
en los deseos de la propia ciudadanía, pues la
lucha contra la inseguridad se ha convertido en arma electoral, lo que
debería motivar una profunda reflexión acerca de cómo puede pervertirse
el ideal democrático y de las causas por las que las democracias han
quedado reducidas cada vez más a simples mecanismos de legitimación
popular de medidas tendentes a cercenar las bases mismas de la construcción
democrática, en perjuicio, por tanto, de la propia ciudadanía.
Tras los atentados del 11-S la preocupación de los estados por
garantizar la seguridad ha llegado a ser una verdadera obsesión: la agenda
internacional gira sobre este punto, lo que puede acabar perjudicando a la
propia Comunidad internacional a la que se pretende proteger y, en especial,
los intereses de los países y de los ciudadanos más débiles. En otras
palabras, la seguridad ha tenido
preferencia sobre los Derechos Humanos y los intereses geopolíticos y económicos
han acabado prevaleciendo, orientando toda actuación en relación a los
mismos. De esta suerte, el avance del derecho contra la barbarie que
supuso el triunfo de las revoluciones liberales en el ámbito político se
está poniendo hoy en tela de juicio, y valores
considerados fundamentales desde el punto de vista del derecho y de la
democracia se hallan
en profunda regresión en nombre de una “guerra justa al terrorismo” que vulnera una y otra
vez los principios del estado de Derecho y muy especialmente los que
hacen referencia a la garantía
y protección de los Derechos Humanos.
Los EE.UU. y su deriva hacia un Estado policial
Lo que acabamos de señalar se evidencia en el conjunto de medidas
adoptadas por los EE.UU. ya desde el día siguiente a los atentados y que
pusieron en marcha una verdadera “justicia de excepción”, de dudosa legitimidad democrática.
A título ilustrativo es bueno saber que el Secretario de Justicia hizo
adoptar una ley antiterrorista, la Patriot
Act o Ley Patriótica (26 de
octubre del 2001) en virtud de la cual se permite a las autoridades arrestar
a sospechosos por tiempo indefinido, deportarlos, hacerlos encerrar en
celdas de aislamiento, vigilar su correspondencia, sus conversaciones telefónicas
o vía internet, registrar sus domicilios sin autorización judicial, etc.
En base a esta legislación, que vulnera claramente, entre otros, el
derecho a la presunción de inocencia, fueron detenidas centenares de
personas, encarceladas durante meses, sin ser presentadas ante el juez ni
haber tenido posibilidad de asistencia letrada ni acceso –ellos o sus
familiares- al sumario, contradiciendo
así el mito de los EE.UU. como país defensor de la Libertad. En
realidad estas medidas no hicieron sino profundizar la línea regresiva
comenzada por el Acta Antiterrorista
de 1996, dictada en respuesta al atentado de Oklahoma City que, entre otras
cosas, suspendía selectivamente el derecho al habeas
corpus, esencia de la libertad angloamericana.
Asimismo, un Decreto presidencial, el Executive Order de 13 de noviembre del 2001
sobre Tribunales militares de excepción, elaborado sin consulta previa
al Congreso y al Tribunal Supremo, puso en marcha Tribunales militares de excepción, habilitados para juzgar a los
extranjeros acusados de terrorismo, mediante procesos secretos que pueden
tener lugar en navíos de guerra o bases militares; la sentencia –que no
precisa la unanimidad para la condena a muerte y que es inapelable- debe
provenir de una comisión constituida por oficiales militares; las
conversaciones del acusado con su abogado pueden ser escuchadas y el proceso
judicial se mantendrá en secreto, no pudiendo hacerse públicos detalles
del sumario hasta transcurridos decenas de años. Por su parte, en la
Proposición de Ley de diciembre del 2001 de autorización a los Tribunales
militares para el enjuiciamiento de terroristas extranjeros, se otorga
al Poder Ejecutivo, en relación con los extranjeros no residentes en los
EE.UU. y sospechosos de cometer actos de terrorismo, poder para que, sin
autorización judicial previa, se puedan intervenir las comunicaciones
telegráficas e informáticas durante 120 días, bloquear, durante este
plazo, sus cuentas corrientes y disponer su detención durante períodos
renovables de 6 meses, todo ello con
importantes restricciones al ejercicio del derecho al habeas corpus.
A ello hay que añadir la
licencia dada al FBI para que pueda actuar sin restricciones a la hora de
investigar a los ciudadanos, eliminándose la mayor parte de medidas
restrictivas tomadas hace 25 años, así como la “carta blanca”
concedida a la CIA para que pueda llevar a cabo las operaciones secretas
necesarias para la eliminación física de responsables de terrorismo,
abrogando una decisión de 1974 que prohibía asesinar dirigentes
extranjeros. A este respecto hay que constatar que, olvidando lo
prescrito por la Convención de
Ginebra, en la Guerra de Afganistán se ha procedido con este mismo espíritu
de eliminar al adversario, espíritu
que no es de justicia sino de venganza, muy impropio de un sistema que
se precie de ser democrático. Y para que no pueda intentarse ninguna
persecución contra militares estadounidenses por operaciones en el
exterior, el Gobierno americano se niega reiteradamente a firmar el Tratado de
constitución del Tribunal Penal Internacional (TPI), cuya creación ha
significado un paso importante en la lucha contra la impunidad y, por tanto,
en favor de una globalización más equilibrada, aunque la falta de
ratificación tanto de los EE.UU. como otras potencias como la China, la
India, Israel o los países árabes, le hace nacer con grandes problemas de
operatividad. En una misma línea, el Senado aprobó la American
Members Protection Act (ASPA) que permite a los EE.UU. tomar medidas,
incluyendo la posible invasión de un país para recuperar a todo ciudadano
norteamericano sobre quien pese la amenaza de ser llevado ante el TPI.
Como se ve, Washington quiere tener las menos libres para, saltándose
cualquier normativa internacional, actuar como le convenga, en cualquier
rincón del mundo y sin tener que dar explicaciones, aunque es cada vez
menos sostenible el contrasentido que supone que los EE.UU. denuncie
violaciones de los Derechos Humanos que ocurren en el mundo, mientras se
niega a participar en las principales convenciones a favor de la justicia
internacional.
Y la cosa no ha terminado. Mientras escribo estas líneas, el
Congreso estadounidense discute la propuesta del Presidente Bush –sobre la
que está trabajando también el Departamento de justicia- para establecer
un Departamento de Seguridad Interna
que responde a la necesidad de coordinar los innumerables organismos
encargados de prevenir o reaccionar ante el terrorismo, pero que puede a la
vez favorecer que crezca la atmósfera de sospecha generalizada y que ésta acabe en una nueva
“caza de brujas” contra cualquiera que ose discrepar de la “política
oficial”, tal como ha denunciado la
Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU). Este proyecto, llamado Terrorist Information and Prevention System (TIPS) va dirigido a que
los ciudadanos se conviertan en posibles “agentes contra el terrorismo”
y ayuden a las autoridades cuando observen actividades sospechosas.
Asimismo, el Presidente Bush ha presentado recientemente un Plan de seguridad interior para librar la guerra contra el
terrorismo en su propia casa y que incluye controvertidas medidas que
introducen excepciones a la Ley de
libertad de información y la revisión de una Ley de 1878 que limita
claramente la intervención del Ejército dentro de su propio país en la
lucha antiterrorista, todo ello en el marco de un refuerzo de los
poderes del Ejecutivo. La controversia puede ir más lejos pues el
Presidente tiene la intención de financiar la creación de instrumentos que
permitan predecir comportamientos humanos como las “intenciones
hostiles”. Dicho plan pretende establecer sistemas
de control biométrico a través, por ejemplo, de las huellas dactilares
o los ojos, para aplicar a todos los extranjeros que entran y salen de los
EE.UU.
Todas estas medidas de guerra contra la violencia terrorista pueden
retrotraer a los EE.UU. a la nefasta etapa del Senador Mc Carthy y su
“caza de brujas”, así como hacer retroceder el país a la época en que
el FBI acosaba a Martin Luther King por considerarlo una amenaza contra la
seguridad nacional.
Como es fácil apreciar, las
consecuencias han sido y son nefastas no sólo para la garantía de los
Derechos Humanos, sino también porque tales medidas han puesto en tela de
juicio la “separación de poderes”, base de la democracia americana,
justificando, por paradójico que parezca en el país del “Estado débil”,
un fortalecimiento del Ejecutivo
que ha visto aumentada su capacidad de actuación, preferentemente en los
campos de la justicia y de la policía, pero también incluso en áreas sin
aparente relación con la lucha antiterrorista (por ejemplo, la concesión
de poderes comerciales muy amplios por parte del Congreso a la Casa Blanca).
En realidad, se ha producido una especie de “refundación” del Poder Ejecutivo, que se ha visto fortalecido en torno al aparato de seguridad
nacional.
En este sentido, podemos constatar con preocupación un deslizamiento
autoritario sin precedentes en la historia reciente de los EE.UU. Con el
argumento de que la democracia ha sufrido un ataque implacable y que se ha
de defender, en realidad lo que se hace es ir suspendiendo libertades democráticas,
causando la indefensión de los extranjeros detenidos bajo sospechas de
colaboración con el terrorismo -a menudo no contrastadas- y poniendo
en duda el Estado de Derecho proclamado en la propia Constitución. Ni
siquiera en los momentos álgidos de la “Guerra fría” el Ejecutivo de
los EE.UU. había ido tan lejos: ni las guerras de Corea y de Vietnam
dieron lugar a la creación de una justicia
paralela como la establecida hoy y que acabamos de comentar, controlada
por la Presidencia y el aparato de seguridad nacional.
Siguiendo el ejemplo de los EE.UU.
Pero nos equivocaríamos si pensásemos
que tal desliz hacia un sistema restrictivo de libertades ha tenido lugar sólo
en los EE.UU. Varios gobiernos han aprovechado el horror de los
atentados del 11-S y la ola de indignación que provocaron, para socavar la
protección y garantía de los Derechos Humanos e incrementar la represión,
en especial de la disidencia política. Con la
excusa de la lucha antiterrorista, se ha procedido a un endurecimiento de
los sistemas legales. Así, el Reino Unido, Alemania, Italia, Francia, la
propia España han visto reforzadas también sus legislaciones represivas.
La
promulgación de medidas represivas en los EE.UU. ha surtido efectos
miméticos, pues no en vano Norteamérica es la primera potencia mundial y
ello la convierte
en modelo de referencia. Asimismo, hay que destacar las presiones de la diplomacia
americana sobre algunos gobiernos europeos para que procedan a la extradición
de sospechosos de terrorismo, aunque sus Ordenamientos jurídicos lo
impidan, al poder ser condenados a penas superiores a las establecidas en
sus propias leyes (por ejemplo, la pena de muerte). Por lo que respecta a
España, muy preocupante es, al parecer (ya que se trata de un Convenio
secreto al que sólo pueden tener acceso un reducido número de
parlamentarios a través de la Comisión de Secretos Oficiales), lo
establecido en el Convenio de Cooperación para la
Defensa entre los EE.UU. y España, hace poco
aprobado: se da vía libre a los servicios de espionaje de las Fuerzas
Armadas de los EE.UU. para actuar en territorio español, interrogando,
deteniendo personas, llevándoselas directamente a los EE.UU. para, una vez
allí, someterlas a las medidas ya explicitadas, etc. Es decir, con la firma
de este Convenio una policía extranjera actuará en nuestro país dónde y
cómo
quiera, cuestión muy seria no sólo porque los EE.UU. amplían así
su presencia militar en territorio español, sino porque se imponen en
nuestro territorio unas reglas ajenas por completo a nuestro sistema
judicial, reglas que prescriben incluso la pena de muerte, contraviniendo
incluso la legislación y las
prácticas en materia de extradición.
En nombre de la seguridad varios
países se apresuraron a aprobar leyes y medidas antiterroristas y de
reforma de la justicia, y ha sido tónica habitual la no crítica, por parte de
los gobiernos, de la política interna de los demás, con lo cual se puede
apreciar un retroceso desde el punto de vista de la globalización de la
justicia, de la que estamos todos tan necesitados.
Así, en el Reino
Unido el Gobierno aprobó una legislación de excepción muy
similar a las medidas tomadas sobre el particular en los EE.UU. y que
permiten recluir sin cargos ni juicio a ciudadanos extranjeros de forma
indefinida, creando
de esta suerte un sistema de justicia penal paralelo que no ofrece las
garantías esenciales del sistema ordinario (Antiterrorism, Crime an
Security Bill de 14 de diciembre del 2001).
Por su parte, el
Gobierno conservador francés, apoyado en la abrumadora mayoría
parlamentaria conseguida en junio, ha dado el visto bueno al proyecto
de reforma de la justicia, cuyo talante represivo se pone en evidencia en la
modificación del derecho penal de los menores
(encarcelamiento de menores delincuentes de 13 a 16 años que se hayan
escapado de los nuevos centros de reeducación) y la Asamblea Nacional ha
aprobado el proyecto de ley que dota de medios financieros sin precedentes a
la gendarmería y a la policía, para su reorganización y ampliación.
Los inmigrantes, los más perjudicados
Y no podemos olvidar que uno de los ámbitos que se ha visto más
afectado ha sido el de las medidas relativas a la inmigración: Italia,
Alemania, Holanda, el Reino Unido, la propia España han optado por aprobar modificaciones
legales tendentes a endurecer las condiciones exigibles a los inmigrantes
para entrar en su territorio. La
inmigración, por otra parte, se ha convertido en un tema prioritario para
la Unión Europea (UE), que ha apostado por la creación de una policía
fronteriza común, en una misma línea.
En Europa se está extendiendo
un discurso del miedo frente al inmigrante y los partidos democráticos,
con el fin de impedir la instrumentación electoral del tema de la inmigración
por partidos populistas o directamente xenófobos y que éstos sigan ganando
posiciones en varios países, alterando así el mapa del Viejo Continente,
ceden peligrosamente en sus planteamientos para conservar parte de su
electorado -¡defender a los inmigrantes no da votos!-, lo que, a la larga,
puede acabar beneficiando a quienes se trata de combatir. En este sentido, es
preocupante constatar cómo las medidas de control de la inmigración están
ayudando en realidad a construir una “Europa fortaleza”, cerrada sobre sí
misma, poniendo en peligro la situación de los refugiados
quienes, después de cumplidos 50 años de la
Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de las NN.UU. han visto
cerradas las fronteras de la Unión.
La desmesurada retórica contra
la inmigración utilizada por algunas autoridades y medios de comunicación
en Europa está contribuyendo a un aumento de la hostilidad y de las agresiones contra
los inmigrantes, no sólo por parte de los grupos racistas y xenófobos,
sino también de algunos agentes estatales, como ha
denunciado repetidamente Amnistía Internacional. Asimismo, algunos países
viven un clima de sospecha y desconfianza hacia los extranjeros, especialmente hacia
los que proceden de países árabes.
La centralidad de los derechos
Humanos
En definitiva, los atentados del 11-S han proporcionado a los EE.UU. una de las mejores
coartadas para que extienda su dominio del planeta. El unilateralismo
norteamericano crece, así como su arrogancia cada vez mayor al constatar la
falta de un contrapeso a su poder hegemónico.
Es un derecho incuestionable el que tienen todos los gobiernos a
dotarse de los medios necesarios en materia de justicia y policía para
defenderse del terrorismo, pero es un claro error utilizar medios de “autodefensa estatal”,
dudosamente democráticos y algunos de ellos incluso criminales. Ello es
un atentado a la dignidad humana, impropio de todo Estado que se precie
de ser democrático –no hay que olvidar que las garantías de los Derechos
Humanos son para todos sin excepción, tanto para los buenos ciudadanos como
para los que no lo son- y además, a la larga, producirán efectos
contraproducentes como la propia historia nos ha enseñado en múltiples
ocasiones. El predominio de medios
represivos para corregir situaciones preocupantes, sin bucear en sus causas
reales, es un error impropio de regímenes de libertades consolidadas.
No hay, pues, de cesar en la denuncia
de que los procedimientos penales y judiciales acordados tras el 11-S violan
las Constituciones de los estados democráticos, así como algunos tratados
como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos y la Convención
Europea de Derechos Humanos. La Razón
de Estado no debe prevalecer sobre los Derechos Humanos, que no deben ser
sacrificados para todo el mundo, pues tales derechos se tienen por el mero
hecho de ser personas y están ligados a la dignidad humana. Pero el respeto
a los Derechos Humanos debería, además, abarcar no sólo su universalidad,
sino también la indivisibilidad de todos ellos, económicos, sociales o
culturales, así como políticos y civiles. A medida que avanza la
globalización, aumentando la riqueza de unos y la miseria y desesperación
de los más, los activistas de los Derechos Humanos no sólo deben promover la
justicia legal, sino también, y
en el altar del nuevo dios de
la seguridad. Solamente
bajo el Estado de Derecho puede sobrevivir la democracia. Y bueno es
recordar lo que ya dijo Benjamín Franklin: “Los ciudadanos que renuncian
a sus libertades para conseguir la seguridad nacional, acabarán sin tener
ni seguridad ni libertad”.
La
gran paradoja es que ya que la democracia ha sido atacada su defensa deba
suponer una regresión en el tema de los Derechos Humanos y una pérdida de
libertades civiles. La universalidad de los Derehos Humanos se enfrenta hoy a su mayor reto,
el del doble rasero y el enfoque selectivo que se está convirtiendo por
doquier en norma, sin tener en cuenta que la protección de los Derechos
Humanos debe ser universal, muy especialmente, la justicia social. Sólo
así la globalización podrá tener rostro humano y no será caldo de
cultivo para violencias de todo tipo.
Lo
cierto es que el antiterrorismo
globalizado nos ha hecho perder a todos bastantes cotas democráticas y
nuestros sistemas políticos se han teñido de autoritarismo. Acaba de
hacerse público el último Informe
sobre el Desarrollo Humano, de las
NN.UU (PNUD) que en esta edición lanza un mensaje para profundizar las
democracias, a la vez que alerta sobre el peligro de que las secuelas del
11-S sigan debilitando las instituciones mundiales, socavando los Derechos
Humanos y agudizando la fragmentación social.
Debemos volver a colocar los Derechos Humanos, la dignidad humana, en un primer
plano. Negarse a ello es impropio de un régimen de libertad.
Lamentablemente sería una victoria de los terroristas si las democracias,
por su causa, persistieran en recortar los Derechos y las Libertades. ¡No
nos lo podemos permitir!.
