¿QUIEN PAGARÁ
MAASTRICHT?
"Hay que evaluar las decisiones [económicas] a la luz de lo que hacen para los pobres, lo que hacen a los pobres y lo que posibilitan que los pobres hagan para sí mismos. El criterio moral fundamental para todas las decisiones políticas e instituciones económicas es el siguiente: deben estar al servicio de todos y especialmente al servicio de los pobres".
(Carta pastoral de los obispos norteamericanos: "Justicia económica para todos" [1986], nº 24).
En la primera quincena de agosto se cumplieron los tópicos "cien días" del nuevo gobierno del PP. Durante este tiempo hemos oído hablar casi cada día del Tratado de Maastricht y de los sacrificios que van a ser necesarios para entrar a Europa en el grupo de los grandes. Parece como si las declaraciones de muchos políticos fueran dando suaves vueltas de tuerca que insensiblemente cambian el significado de las primeras palabras. Por ejemplo: hemos oído hablar -casi cronológicamente- de "no tocar" los gastos sociales, "reflexionar" sobre los gastos sociales, "reformar" los gastos sociales -para mantenerlos-, "recortar" algunos gastos sociales....
Sin entrar ahora en juicios de intenciones ni en análisis de palabras, parece indudable que, si aplicamos el criterio citado de unos ciudadanos norteamericanos (que no serán sospechosos precisamente de veleidades socialistas), el juicio sobre Maastricht no sería precisamente positivo. Y sin embargo, es muy probable que Maastricht no sea una opción cambiable sino un destino inevitable. Descolgarse de él sería probablemente peor: para todos y también para los más pobres de nuestro país.
Aceptado esto, parece también indudable que Maastricht va a traer beneficios y va a suponer sacrificios. Que los beneficios favorecerán sobre todo a las clases más altas y poderosas (a los pobres sólo en cuanto eviten colapsos mayores de la economía). Mientras que hay un peligro muy serio de que los sacrificios los paguen sólo -o preferentemente- las clases más bajas. De acuerdo con el criterio de evaluación citado, un cristiano (y también cualquier persona honrada) no puede resignarse a eso como si fuera una ley sagrada de la naturaleza. Debe protestar contra esa tendencia, proclamarla injusta y luchar para cambiarla.
Si esa falta de equidad no tiene remedio, eso será solamente una señal de que en ella se actualiza y se manifiesta otra injusticia de todo nuestro sistema económico. Un sistema que, en sus épocas de bonanza, produce preferentemente para los más ricos (a los pobres la bonanza sólo les llega en forma del goteo que hace desbordarse la copa llena), mientras que sus épocas de crisis las pagan preferentemente los estratos más pobres. "De ahí -escribe Juan Pablo II- que precisamente el salario justo se convierta en todo caso en la verificación concreta de la justicia de todo el sistema socioeconómico y... de su justo funcionamiento" (LE 19).
Por eso, lo que se llama "crear empleo" no puede reducirse simplemente a un crear "malempleo". Y por eso debemos preguntarnos todos: ¿no pueden los poderosos de nuestra sociedad privarse de nada para Maastricht, ya que ellos son los que más se beneficiarán? Cuando oímos decir que "hay que apretarse el cinturón" o escuchamos apelaciones a la "moderación" salarial, quienes hablan así son siempre personas de alto nivel social. Inevitablemente pues, sus palabras suenan como si dijeran "han de apretarse el cinturón". Si quienes hablan así tuvieran el valor de decir en qué están ellos dispuestos a apretar su cinturón, darían a sus palabras lo que más necesitan: credibilidad. Si supiéramos que quienes poseen 800 millones de pts. están dispuestos a tener solamente 600 como servicio a la plena europeización de España, empezaríamos a creer que sus apelaciones al sacrificio no significan que quien tenga una pensión de 50.000 habrá de contentarse con 30.000.
En este contexto es lamentable que se siga manteniendo en todo el mundo rico el impresionante despilfarro armamentista que siempre acaban pagándolo los más pobres, en vez de proceder a la reconversión civil de muchas de estas industrias. Es lamentable también que el monto del fraude fiscal sea todavía superior a cuanto necesitamos ahorrar para nuestros problemas de déficit y deuda. Es lamentable que se diga que las privatizaciones se hacen para crear más empleo, cuando son conocidas las dificultades de la empresa privada en este campo por la descarnada competitividad en que debe moverse
Y para no descargar responsabilidades exclusivamente sobre los poderes públicos, es lamentable que la "trata de blancos" en que está degenerando la locura del fútbol, haya derrochado este verano más de 25.000 millones de pesetas: más de la décima parte de lo que supuso el famoso recorte del nuevo gobierno, en una porción tan ínfima de la vida de una comunidad como es el fútbol. Es irresponsable contribuir con nuestro dinero a esas operaciones inmorales. ¿No cabría, humorísticamente, proponer una huelga general de asistencia al fútbol, hasta que los clubs recuperen la moderación, y una ruptura radical de la falsa vinculación entre el sentimiento patrio y los triunfos conseguidos con dinero? Un país no vale porque un grupo de mercenarios bien pagados le conquiste triunfos deportivos (siempre eventuales), sino sólo cuando sobresale en la solidaridad, en la igualdad y en la justicia social conseguidas mediante la libre colaboración de todos.
Podrán discutirse estos ejemplos, pero no deberían apartarnos de nuestra línea de argumentación: vivimos un sistema económico que favorece injustamente al capital por encima del trabajo. Ello propicia que la cuerda se rompa por el lado más flojo, y las situaciones de sacrificio y crisis las paguen mayoritariamente los más débiles, que son los menos beneficiados en las horas de bonanza del sistema. Si ello es así, se entienden otra vez las palabras de Juan Pablo II, cuando escribe que "fue justificada desde la óptica de la moral social, la reacción contra el sistema de injusticia y de daño que pedía venganza al cielo y que pesaba sobre el hombre del trabajo en aquel período" (LE 8). No caigamos en el pecado frecuente de nuestra Iglesia de reconocer la justicia de las causas sólo "a toro pasado". Esas palabras no tienen por qué aplicarse exclusivamente a las luchas de la clase obrera en el pasado siglo. Quizá se aplican también a las actuales convulsiones que hemos presenciado en Francia, en Italia, en Alemania... con motivo precisamente de la discusión sobre la unión monetaria europea.
Y puede que no esté de más concluir como solía acabar muchas veces Jesús de Nazaret: "quien tenga oídos par oír, que oiga".
Ignasi Salvat, Elvira Durán, José I. González Faus, Mercè Homs, Josep M. Lozano, M. Dolors Oller, Josep Miralles, Francesc Riera, Eduardo Rojo. Consejo Permanente de «Cristianisme i Justicia».
septiembre 1996